El reciente fallo en Colombia contra siete exdirectivos de una subsidiaria de Chiquita Brands ha puesto nuevamente bajo la lupa la compleja historia de esta empresa multinacional en América Latina. Con una sentencia de 11 años de cárcel y una multa significativa, la justicia colombiana estableció por primera vez un precedente contra ejecutivos relacionados con el financiamiento de grupos armados en el país. La decisión confirma el vínculo establecido entre Banadex —filial de Chiquita— y el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al que se transfirieron más de 1,7 millones de dólares entre 1995 y 2004 a cambio de seguridad en las regiones bananeras del Urabá.
Este veredicto destapa nuevamente un periodo complicado en la trayectoria de una empresa que, desde su inicio como United Fruit Company en 1899, no solo revolucionó el comercio mundial del plátano, sino que también influyó, muchas veces de manera controvertida, en la dirección política y social de diversas naciones de América Latina.
Desde el tren hasta el control agrícola
El nacimiento de United Fruit Company se dio como resultado de la visión empresarial de Minor Keith, un inversionista ferroviario que descubrió el potencial del banano tras observar su cultivo en manos de obreros jamaiquinos en Costa Rica. A partir de ahí, la empresa consolidó un modelo de negocios que combinaba producción agrícola, logística y exportación, conectando plantaciones en Centroamérica y el Caribe con los mercados de consumo en Estados Unidos y Europa.
A lo largo de los años, la empresa incrementó su influencia económica y su dominio territorial. Para 1930, era dueña de más de un millón de hectáreas y administraba su propia flota marítima llamada la Gran Flota Blanca. Su poder era tan significativo que sobrepasaba la capacidad operativa de los gobiernos locales, gestionando infraestructura esencial como trenes y puertos en diversos países.
Impacto político y tensiones sociales
La adquisición de este poder económico permitió una notable intervención política. La compañía jugó un papel central en eventos significativos de la historia de América Latina, como la masacre de las bananeras en Colombia en 1928 y el golpe de Estado en Guatemala en 1954. En ambas ocasiones, la empresa protegió sus intereses corporativos, favoreciendo a gobiernos compatibles y respaldando acciones que resultaron en la opresión de trabajadores o el derrocamiento de gobiernos elegidos democráticamente.
Durante la huelga de trabajadores bananeros en Santa Marta, Colombia, la empresa solicitó apoyo militar, lo que derivó en una masacre por parte del ejército. En Guatemala, su conflicto con el presidente Jacobo Árbenz, promotor de una reforma agraria que afectaba las tierras ociosas de la empresa, motivó una operación encubierta liderada por la CIA que culminó en su derrocamiento.
Estas acciones consolidaron la reputación de la empresa como símbolo del imperialismo económico en la región. Su presencia dio origen al término “república bananera”, utilizado para describir países con estructuras políticas vulnerables a la influencia de intereses extranjeros.
De United Fruit a Chiquita Brands
A pesar de su poder, la empresa no estuvo exenta de crisis. En los años 70, enfrentó una pérdida de legitimidad derivada de su asociación con gobiernos autoritarios, así como la formación de un cartel bananero por parte de países productores que buscaban mejores condiciones comerciales. Tras una serie de reestructuraciones, en 1990 fue rebautizada como Chiquita Brands International, nombre con el que hoy opera globalmente.
Aunque redujo su perfil público, la empresa siguió siendo protagonista de controversias. A inicios del siglo XXI, se conoció que había realizado pagos sistemáticos a las AUC, un grupo armado colombiano vinculado a violaciones masivas de derechos humanos. Estas transferencias se hicieron bajo la justificación de protección, pero posteriores investigaciones determinaron que los pagos fueron revisados y aprobados por altos ejecutivos, con pleno conocimiento de la naturaleza violenta de la organización.
Obligaciones legales y repercusiones morales
En 2007, Chiquita admitió ante autoridades estadounidenses haber financiado a las AUC y aceptó una multa de 25 millones de dólares. Sin embargo, no fue hasta 2024 que un jurado de Florida la responsabilizó de ocho asesinatos cometidos por paramilitares, marcando un hito judicial que ahora es reforzado por la reciente condena en Colombia.
Estas declaraciones marcan un momento crucial en la forma en que las empresas multinacionales son responsabilizadas por sus acciones en situaciones de violencia. El ejemplo de Chiquita ilustra cómo las elecciones corporativas hechas para salvaguardar actividades comerciales pueden eventualmente involucrarse en complicidad con crímenes de guerra.
Un legado complejo y vigente
Hoy en día, Chiquita Brands continúa siendo uno de los líderes en el mercado mundial del banano, presente en supermercados a nivel global y contando con alrededor de 18,000 trabajadores. A pesar de que la compañía intenta mostrar una imagen actual y responsable con la sociedad, los recientes fallos judiciales demuestran que su historia está influenciada por eventos que van más allá de lo empresarial, tocando aspectos políticos y éticos.
A 125 años desde que se fundó, la empresa es conocida por su innovación en logística y su papel crucial en el crecimiento del comercio agrícola mundial. Sin embargo, también lleva la carga de un pasado en el que su influencia fue clave en dinámicas de poder, abusos laborales y violencia estructural en América Latina. La reciente sentencia en Colombia no solo trae de vuelta ese pasado, sino que también plantea interrogantes urgentes sobre el papel de las compañías transnacionales en regiones con equilibrios institucionales frágiles.
